Sí al piso de emergencia en Plasencia

Las últimas noticias aparecidas en prensa por las que se cuestiona la continuidad del piso de emergencia para mujeres víctimas de violencia de género gestionado por el ayuntamiento de Plasencia, dependiente de la Concejalía de Igualdad, son cuando menos preocupantes.
El piso de emergencia es uno de los recursos contemplados claramente especificados en el artículo 19 de la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género:

“1. Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. La organización de estos servicios por parte de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, responderá a los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional.

2. La atención multidisciplinar implicará especialmente:

a) Información a las víctimas.

b) Atención psicológica.

c) Apoyo social.

d) Seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer.

e) Apoyo educativo a la unidad familiar.

f) Formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a la adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos.

g) Apoyo a la formación e inserción laboral”.

El derecho a la información, recogido en su artículo 18 es el primer paso para que las mujeres conozcan sus derechos, los recursos de que disponen y las ayudas que pueden encontrar para poner fin a una situación de violencia:

18.1. Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal, a través de los servicios, organismos u oficinas que puedan disponer las Administraciones Públicas.
Dicha información comprenderá las medidas contempladas en esta Ley relativas a su protección y seguridad, y los derechos y ayudas previstos en la misma, así como la referente al lugar de prestación de los servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral.
Se trata de distintos recursos porque las situaciones son distintas: la información no puede solapar o menoscabar la posibilidad de una actuación urgente en caso de emergencia, y las emergencias son imprevisibles, pueden darse en cualquier momento, a cualquier hora y cualquier día de la semana. Cuando una mujer y sus hijas e hijos tienen que abandonar el hogar, no hay tiempo para esperar, es una cuestión de vida o muerte. Las mujeres asesinadas en lo que va de año son la prueba más contundente de esta afirmación.
Por tanto, entendemos que el piso de emergencia y las oficinas de información son dos instrumentos contemplados por la ley para hacer efectiva la protección integral abarcando globalmente la dimensión del drama de estas mujeres y sus hijas e hijos, también víctimas directas de esa violencia.
Preocupa que la continuidad de estos recursos bascule sobre tasaciones de rentabilidad económica o del número de mujeres que pasen por ellos, ¿estamos cuantificando el valor de la seguridad e integridad psíquica, emocional y física de las víctimas de violencia de género? ¿Acaso la vida de una de ellas no merece el mantenimiento de un recurso legalmente previsto para este fin? ¿Es más rentable que el IMEX destine más de 20.000 € en el concierto “Ellas dan la nota” que en sufragar salarios de profesionales especializadas que atiendan las emergencias? ¿Cómo una sola policía puede garantizar la seguridad de las 80 mujeres que en Plasencia tienen orden de protección?
Raquel Puertas Hernández, concejala de Igualdad, que apostó firmemente por la creación del piso, ha contado y cuenta con nuestro apoyo en esta iniciativa, que ha sido una demanda de esta y otras asociaciones de mujeres que trabajan por la igualdad entre mujeres y hombres y por la erradicación del terrorismo de género. Ya en 2007, cuando surgieron las primeras dudas sobre la financiación por parte de las instituciones autonómicas, nos planteamos una acción conjunta entre quienes formamos parte del Consejo Municipal de las Mujeres para buscar las fórmulas que permitan la financiación.
Siendo de obligado cumplimiento por parte de las instituciones las normas y medidas contempladas en la legislación, no sólo no se puede eliminar este valioso recurso, sino que procede ampliarlo contando con las oficinas de información, mayor dotación de personal especializado en todos los campos profesionales que intervienen (policías municipales, nacionales y judiciales, servicios sociales, servicios sanitarios, etc). La alarma es mayor cuando ya sabemos que otros pisos de emergencia corren el mismo peligro, como es el caso del de Jaraíz. Y como ya manifestara la concejala, las casas de acogida de Cáceres y Badajoz no dan abasto, con frecuencia nos hemos encontrado con mujeres que tras huir para salvar la vida y presentar denuncia, no han podido acceder a ellas porque estaban completas. Ésta es una situación que se da en otras comunidades autónomas, con lo que estos pisos pueden servir para paliar estas carencias y situaciones urgentes.
Nos unimos a la iniciativa referida a la publicación de los nombres de maltratadores condenados con sentencia firme, a la que habría que añadir los de pederastas y violadores, entendiendo que el acento punitivo hay que ponerlo sobre los delincuentes no sobre sus víctimas, a las que sometemos a una doble victimización cuando sus agresores circulan alegremente por las calles y continúan gozando de respeto y prestigio social, mantienen una vida sin alteraciones y quienes viven en constante amenaza son las víctimas, las que ya saben de su violencia, y las potenciales que, al desconocer quienes son, están expuestas a ella. No es preciso hacer una referencia extensa de casos, baste con recordar a la niña Mari Luz, trágicamente asesinada tras una cadena de fallos más habituales de lo que se quiere admitir.
Reiteramos nuestro apoyo al mantenimiento del piso de emergencia y a la publicación de los nombres de los agresores sexuales y terroristas de género, manifestamos nuestra disposición al diálogo con las instituciones implicadas para mejorar y ampliar los recursos existentes en materia de atención a víctimas de agresiones sexuales y de violencia de género, e invitamos a cuantas personas se identifiquen en la defensa de los derechos fundamentales de las personas a integrarse en las acciones que se adopten para hacer realidad la protección integral de las víctimas.