27 noviembre, 2012

Manifiesto 25 de Noviembre 2012.



Hoy 25 de Noviembre nos unimos  una vez más para denunciar los feminicidios sucedidos durante este 2012,  sin embargo, ante la realidad social que nos rodea, no podemos limitarnos a hablar sólo de estos asesinatos, debemos recordar  también en un día como hoy a las mujeres de América Latina, África o Asia, explotadas, empobrecidas, secuestradas, traficadas, prostituidas, las bombardeadas en Palestina, las ocupadas en Sáhara, y todas aquellas silenciadas y olvidadas.
El freno de la violencia machista y la consecución de una igualdad real ha de iniciarse con el cambio de concepciones culturales  firmemente asentadas fundamentadas  en las rancias convicciones   propias del patriarcado, y que nuevamente están cogiendo impulso favorecidas por las actuales políticas económicas, educativas, sanitarias, de dependencia,  reprimiendo la libre toma de decisiones de las mujeres y con ello vulnerando  los derechos sexuales y reproductivos de todas..,  eliminando recursos e  incrementando aún más las diferencias y desigualdades económicas, precarizando  las condiciones de vida y trabajo de las personas, donde las mujeres se ven doblemente afectadas puesto que esta situación no sólo supone en su autonomía e independencia, sino que además se las adjudica las cargas familiares y el papel de “cuidadoras” en atención a la dependencia.
La crisis económica no puede ser excusa de este retroceso legislativo y  de vulneración de los pocos  derechos que tanto había costado conquistar. Si bien observamos como las políticas actuales han recortado en los Presupuestos Generales del Estado el  15% de financiación en la Ley de Dependencia lo supone un retroceso en el trabajo de visibilización iniciado tímidamente con esta ley;  así como en políticas de igualdad entre mujeres y hombres que se han visto reducidas en el  24,1% y el 6,8% para la lucha contra la violencia de género..


Igualmente se reduce un 6 % la partida total destinada a la atención a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual.
Por segundo año consecutivo las CC.AA. son las grandes perjudicadas, reduciendo la cuantía que se les adjudicaba para Programas de asistencia social para mujeres víctimas de violencia de género, percibirán en 2013 un veinte por ciento menos.
Se desmantelan institutos de la mujer, desaparecen casas de acogida, se reducen y limitan las campañas de información, educación y prevención de la violencia, se eliminan profesionales al servicio de atención a víctimas y de apoyo. Se vulnera el principio de igualdad como eje transversal y orientador de toda decisión política, legislativa, educativa, judicial, sanitaria y social.


Y todo ello al mismo tiempo que se permite que altos cargos como Jose Manuel Castelao,  haga públicamente declaraciones que fomentan la violencia contra  la mujer de manera impune,  se dictan sentencias que validan el acoso sexual,  se fomenta un lenguaje institucional absolutamente machista.
O Donde  se reforma el código penal a conveniencia, para bajo el  aparente argumento  de un endurecimiento de penas  en algunos supuestos de violencia, lo que se ha pretendido es la criminalización de todo movimiento social  que no comparte las actuales decisiones gubernamentales, mientras que los agresores de las  mujeres siguen disfrutando de su derecho a la libertad y reclamando sus derechos como progenitores, poniendo a las mujeres, niños y niñas en alarmantes situaciones de inminente peligro.
Desde esta Asociación nos sumamos a otros movimientos de mujeres, asociaciones  o entidades que humilde y honestamente al igual que nosotras demandan y exigen:
- Reorganización, reapertura y puesta en marcha de los Institutos de la mujer desmantelados y casas de acogida cerradas.
- Inversión y Fomento de los programas de prevención, sensibilización y educación  en centros educativos.
- Creación de verdaderos equipos especializados, unidades de análisis de riesgo necesarios para la adopción de las más adecuadas medidas de protección alas víctimas.
- Mejores sistemas de coordinación y cooperación, optimización de recursos humanos, económicos y de las diferentes administraciones públicas, que verdaderamente puedan asesorar, informar, y atender a la víctima durante el proceso.
- Verdadera reforma legislativa que pase por la aplicación de penas de prisión  desde el inicio para el agresor o asesino de mujeres, y la  supresión de los derechos de custodia y visitas a hijos e hijas de los progenitores como medida cautelar,  en casos de violencia machista contra la madre  documentada aunque no exista condena.
- Aplicación real y firme del principio de Igualdad como eje transversal y orientador de toda cualquier otro ley, norma, reglamento o decisión política o judicial.

Combatir la violencia  contra las mujeres es asunto de todos y todas, ni una más.

Asociación 8 de Marzo.
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