De las 17 modificaciones laborales
habidas en España tras la llamada transición, se nos ha acostumbrado a
nombrarlas como “reformas”, cuando en realidad no lo son: reforma implica necesariamente
mejora, enriquecimiento, innovación. Pero la última modificación legislativa
laboral sólo puede nombrarse como contrarreforma, porque desmantela derechos
básicos del Estatuto del Trabajo, reduciendo el texto hasta dejarlo prácticamente
en una declaración de buenas intenciones. Y de ésas, está empedrado el camino
hacia el infierno.
El 29 de abril vivimos una
jornada de protesta por la regresión en derechos y libertades que la
contrarreforma laboral supone para la clase trabajadora: la empresa podrá
despedir alegando cualquier cosa (que estime pérdidas, una baja por enfermedad
igual o superior a 9 días..), llegan los eres a la administración pública, abaratamiento
del despido, desaparición de los convenios (si le empresa puede modificar a su
antojo la relación laboral, salario incluido, el convenio como si no
existiera), aumento hasta 12 meses del período de “prácticas”… un auténtico
hachazo que generará más precariedad, más paro y más inseguridad.
La CEOE, encantada pero
insatisfecha, ya está exigiendo al gobierno que se obligue a quienes estén
cobrando alguna prestación por desempleo a aceptar cualquier “oferta” que le
hagan o le retiren esa prestación que, recordemos, es un derecho, no un regalo.
Algunas rechazamos lo que otros
llaman “empleo” porque nos negamos a trabajar 8 horas cuando el contrato es por
4, nos negamos porque nos sale más caro que estar en paro al ofrecernos un
salario que se va en desplazamientos, o porque se exija realizar funciones que
no corresponden a las tuyas.
Con ese panorama, aderezado con
las declaraciones del ministro de Economía, Luis de Guindos, en las que reclama
a las mujeres que se queden en casa para que los maridos puedan trabajar, las
mujeres lo llevamos “crudo”. Porque la contrarreforma no viene sola,
previamente se eliminó el famoso “cheque bebé”, la congelación de la ayuda a la dependencia, de
pensiones (recordemos que la mayoría de pensionistas son mujeres y la media de
pensiones no alcanza los 500€), de sueldos a empleadas y empleados públicos…¿Quién
tiene todas las papeletas para el despido en caso de embarazo? ¿Quién cuando en
la familia hay una persona dependiente? ¿A quién no van a contratar estando en
edad fértil? ¿Quién tendrá que elegir entre cuidados o trabajo? ¿Cómo alcanzar
la autonomía con tan magníficas oportunidades? ¿De verdad tenemos que creer que
no ahondará en las desigualdades entre mujeres y hombres?. Carmen Martín Serrano. Promotora de Igualdad, Experta en Malos Tratos y Violencia de Género. Asociación por la Igualdad de Género 8 de Marzo.
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