La
situación histórica que ha padecido Extremadura solo ha podido corregirse en
alguna medida gracias a las políticas de incentivación y apoyo que tienen como
objetivo la convergencia con el entorno español y europeo. El desarrollo de las
infraestructuras, el impulso del empleo, el desarrollo de los servicios
públicos, son cruciales para garantizar en nuestra comunidad autónoma el ejercicio
en igualdad de los derechos y de las oportunidades.
La
situación económica y el viraje político al que estamos asistiendo en el mundo
y en especial en Europa son especialmente perjudiciales para una Comunidad como
Extremadura, en la que el paro es desmesurado, los salarios y las pensiones más
bajos, el desarrollo industrial escaso y debilitado, nos sitúan en una posición
extremadamente difícil para afrontar el futuro. Las decisiones que están
adoptando la mayoría de los gobiernos de recortar el gasto social, a través del
deterioro de las condiciones de trabajo y de la destrucción de empleo público,
ponen en riesgo el Estado del Bienestar, patrimonio de todos.
Es
deber de la ciudadanía defenderlo y propugnar unos servicios públicos de
calidad, universales, accesibles, que respondan con eficacia a las necesidades
de las personas, sobre la base del principio de igualdad.
Tras
cuatro años de profunda crisis económica, se sigue argumentando que, para salir
de ella, se requiere una reducción del gasto social, una minoración de los
sistemas fiscales y, en definitiva, una menor presencia de la actuación de los
poderes públicos en la vida económica y social.
Quienes
suscribimos este Manifiesto no compartimos esa visión y la realidad está
confirmando que estas políticas no solo no han contribuido a ir superando la
crisis, sino que la están manteniendo y agudizando; además de aumentar las
desigualdades entre poblaciones y países, conduciendo al fracaso los Objetivos
de Desarrollo del Milenio y la lucha contra el hambre y la pobreza, compromisos
contraídos por España y exigencia ética de toda la sociedad.
La
crisis ha incrementado las desigualdades sociales. En España, a la desigual
distribución de la renta se ha unido un injusto sistema tributario,
caracterizado por su regresividad, la descontrolada carrera por la bajada de
impuestos y las políticas de ajuste para la reducción del gasto público, y en
particular, del gasto social, que es el que está llamado a asegurar la
protección y la cohesión social y cuya reducción supone además un injustificado
derroche de recursos de la sociedad.
La
crisis económica no ha afectado a todos por igual, ni a todas las fuentes de
renta con la misma intensidad, ni toda la ciudadanía, ni todas las empresas
contribuyen al sostenimiento de los gastos públicos con arreglo a su capacidad
económica. Sin recursos suficientes, los poderes públicos no pueden desarrollar
una asignación equitativa de los recursos públicos que redunde en el progreso
social y económico y que garantice la asistencia y las prestaciones sociales
para las situaciones de necesidad.
La
protección integral y la universalización de la cobertura, parte indispensable
del Estado Social, han tenido su reflejo en las constituciones democráticas
como la española, lo que supone un mandato a los poderes públicos para que
desarrollen una política redistributiva activa que garanticen de forma real y
efectiva los principios de igualdad, libertad y participación. Por ello nos
preocupa que la crisis sirva también de excusa para un retroceso en los
derechos civiles ya alcanzados o en el avance en los derechos constitucionales
que todavía no han sido aplicados a todos los colectivos de los empleados
públicos por igual. Igualmente queremos destacar los riesgos de aumento de la
discriminación de las mujeres o las consecuencias de la reducción de los
servicios de prevención y atención en violencia de género.
La
convergencia de las políticas de bienestar social y las propuestas relacionadas
con los servicios públicos han sido elementos esenciales en el proceso de
construcción europea que, ahora, está siendo un escenario de confrontación
ideológica entre quienes defendemos la importancia del papel del Estado como
regulador, supervisor, agente económico y proveedor de servicios sociales y de
protección social, y quienes reducen su papel a la mínima expresión y reclaman
más mercado.
La
ausencia, relajación e irresponsabilidad de los instrumentos de control público
de los mercados y de las propias administraciones han contribuido a la gravedad
de la crisis.
La
nueva estrategia europea se orienta hacia el saneamiento de las variables
macroeconómicas y el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en
detrimento de los derechos sociales y los servicios públicos. Las propuestas de
carácter neoliberal están sirviendo a los poderes públicos como pretexto para
renunciar a ejercer sus potestades de provisión, financiación, gestión,
organización, planificación y regulación, en aras de garantizar la cobertura de
necesidades y tutelar los derechos sociales fundamentales. Nosotros no compartimos
esas propuestas. Consideramos que los servicios de interés general son fuente
de desarrollo económico, creación de empleo, prosperidad y cohesión social. Por
ello exigimos a los Gobiernos que rectifiquen en la orientación de las
políticas sociales, recuperando el mantenimiento y mejora del Estado de
Bienestar como uno de los ejes fundamentales de nuestro modelo social.
Defendemos
la gestión pública directa, como mejor fórmula de procurar el acceso universal
a los servicios públicos, de favorecer la equidad y calidad de los mismos,
incluyendo su acceso en las mismas condiciones en el ámbito rural, de
garantizar y tutelar el ejercicio efectivo de los derechos subjetivos a la
salud, la educación y la atención social y de evitar desviaciones en la gestión
mediante la adecuada acción inspectora.
Exigimos
la reorientación de la política económica, retomando el objetivo de su
reconversión hacia criterios de sostenibilidad y equidad como eje de la
recuperación, y no basada exclusivamente en la reducción del déficit público a
través del recorte del gasto, pues así no se asegura el desarrollo con
criterios de justicia social, ni la creación de empleo.
Apostamos
por otra salida de la crisis: solidaria, redistributiva, que en ningún caso
puede suponer la vuelta a modelos económicos que se han mostrado injustos e
ineficaces, que mantenga las políticas sociales públicas, sustentada en unos
sistemas fiscales progresivos y suficientes y en el reforzamiento de la
democracia a través de la negociación, la concertación y la participación
social.
El
mantenimiento de las políticas sociales y de igualdad es un principio y un
derecho irrenunciable. La evolución de los estados democráticos en Europa ha
estado vinculada al desarrollo del Estado de Bienestar Social, conocido como el
Modelo Social Europeo. Un modelo basado en la redistribución de la riqueza como
elemento corrector de las insuficiencias de la economía de mercado y de
solidaridad entre la ciudadanía, llevado a cabo a través de sistemas fiscales
progresivos y justos y del gasto social equitativo y eficaz, contrapuesto a los
modelos liberales que afrontan las necesidades sociales con acciones de
beneficencia, sin reconocimiento de derechos subjetivos y apelando al
individualismo y al mercado.
El
gasto del Estado se ha estado financiando en proporción creciente con deuda,
que hay que devolver con sus correspondientes intereses, en lugar de recurrir a
la fiscalidad. En los años de la crisis, las cuentas públicas de España han
sufrido un grave deterioro, pero el diferencial más relevante, tanto
cualitativo como cuantitativo, de la economía española con los países de su
entorno está en los ingresos tributarios. Mientas que en la media de la UE los
ingresos tributarios solo bajan 0,9 puntos de PIB, en España se desploman en
6,5 puntos debido a las rebajas fiscales, el hundimiento de las operaciones
inmobiliarias, junto al alto volumen de economía sumergida y del fraude fiscal.
Es
imprescindible impulsar de forma inmediata una lucha decidida contra el fraude
fiscal y acometer una reforma fiscal integral, con consenso social, que afecte
al conjunto de impuestos y que sirva para devolverle a nuestro sistema
tributario las características de suficiencia y equidad propias de los países
más avanzados de Europa.
Es
necesario ampliar el plazo del cumplimiento de los objetivos de déficit. La
reciente y precipitada reforma constitucional, a la que nos opusimos activamente
por la forma y el fondo de la misma, introduce un límite adicional a las posibilidades
de desarrollo del modelo social, proyectando un cambio de paradigma,
subordinando los objetivos sociales y el papel del sector público a los
objetivos económicos y los intereses de mercado. En este sentido, la reciente reforma
laboral introduce nuevos mecanismos que facilitan el despido en el sector
público, lo cual supone una amenaza para todos los trabajadores y trabajadoras
del sector, así como un riesgo para la calidad, la suficiencia y la continuidad
de los servicios.
Defendemos
unos servicios públicos, eficaces y eficientes, con capacidad para la gestión
de las pensiones, la prestación por desempleo, la sanidad, la educación, la
atención a la dependencia, el transporte, la vivienda, la seguridad pública, la
promoción de la cultura, la cooperación para el desarrollo, y los servicios de
agua, gas y energía, como fundamento de una sociedad más democrática, más igualitaria
y más libre, en pueblos y ciudades, basada en la justicia distributiva y la
universalidad, en la que las empleadas y empleados públicos resultan
imprescindibles.
En
España la población empleada en el sector público es inferior al 10%, mientras
que la media en la UE-15 alcanza el 16%. Las medidas de ajuste, contención del
gasto público y tasas de reposición muy restrictivas están provocando un mayor
deterioro y destrucción del empleo público.
Por
ello, rechazamos cualquier medida encaminada a reducir la presencia y
protagonismo de los servicios públicos en nuestra sociedad. El gasto social
destinado a mantener y mejorar la red pública educativa, sanitaria y de servicios
sociales, es la contribución directa que las administraciones deben hacer para
favorecer la salida de la crisis. La evolución de nuestro gasto social,
históricamente deficitario, no se ha correspondido con el crecimiento económico
experimentado hasta 2007 y su reciente incremento se ha debido básicamente al
aumento del gasto en desempleo y a la aplicación de la ley de dependencia; seguimos
presentando un importante déficit con respecto a la media europea de 4’4 puntos
del PIB (6’5 puntos si excluimos el gasto en desempleo).
El
Estado español debe reducir esta diferencia por lo que no puede permitirse una
pérdida de gasto social sin poner en riesgo la calidad, la universalidad y la
equidad alcanzada en los distintos sistemas de protección social.
Las
políticas de ajuste en los servicios públicos no resuelven los problemas de
nuestro país sino que provocan un agravamiento de la situación actual, por lo
que la solución pasa por invertir la ecuación y centrarse en crear medidas que
impulsen la recuperación económica para la generación de empleo.
Las
organizaciones y entidades firmantes de este Manifiesto, en base a los
principios y contenidos del mismo, se constituyen en Plataforma Social para la
Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos con el objetivo de
trasladar a la sociedad el modelo social basado en la justicia, los valores
democráticos y los derechos sociales y laborales de toda la población.
La
asociación por la Igualdad de Género 8 de Marzo suscribe este manifiesto y se
adhiere a la Plataforma en Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios
Públicos de Extremadura.
Aquí escribes el resto del post.
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